Protección de los derechos en riesgo de los menores de edad
en la Sociedad de la Información y la Comunicación

Antecedentes del Proyecto

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía – P11-SEJ 8163

De la cuna a la tumba, así cuentan en sus libros maestros como CASESSE o PARADA y así explicamos muchos profesores a nuestros alumnos que desde su primer hasta su último aliento, pasarán su vida relacionándose con las Administraciones Públicas. Esto ya era así antes de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de la era de las Tecnologías de la Información, pero en estos tiempos digitales que corren, tiene consecuencias de enorme trascendencia jurídica para la vida pública y privada de los ciudadanos, razón que ha motivado nuestra preocupación por este asunto sustanciada en la presente comunicación.

Por motivos de tiempo y espacio, podremos escasamente apuntar algunas de las cuestiones más relevantes, en este caso, que afectan a la protección de los datos personales de los menores de edad y a sus relaciones con las Administraciones Públicas, ya sea porque dichas Administraciones sean las depositarias de los propios datos protegidos, o bien porque, en razón del universal principio del interés superior del menor, las Administraciones deban actuar para la preservación y defensa de este derecho, categoría amenazada y especie protegida donde las haya entre los derechos fundamentales de última generación.

Desde el nasciturus cuya imagen del ecógrafo (hasta en tres dimensiones) pasa a formar parte de la base de datos de un hospital durante el embarazo, hasta la publicidad personalizada que ya recibe siendo lactante porque sus padres se apuntaron al sorteo de un carricoche o a la revista “mi bebé y yo”. El niño irá a la guardería, si esta es pública tendrá su primera relación con la Administración educativa, que seguramente cederá sus datos a las empresas que mantengan la concesión del aula matinal (para los padres cuyo horario no es compatible con el del centro), o del servicio de comedor. Cuando el niño, con seis o siete años maneje a la perfección el Internet, nos pida un portátil y se haga del club la banda de Canal Sur Televisión o del clan tv de RTVE, ambos organismos públicos, se encontrará proporcionando sus y nuestros datos personales con escaso o nulo control, y hasta le parecerá bien, bendita ingenuidad, recibir diversas ofertas publicitarias o ceder sus datos a muy diversas empresas para participar en variados concursos.

Poco después, convertido en adolescente, nuestro menor, pese a las recomendaciones de su esforzado padre administrativista, se incorporará a Facebook, Twitter, Tuenty, My Space o las redes sociales más de moda del momento, donde echará por tierra alegremente cualquier atisbo de privacidad que le pudiera quedar a él y a nosotros, su familia, rellenando divertidas encuestas sobre su/nuestra situación familiar, económica y personal, su/nuestros gustos y preferencias. Además nos etiquetará en multitud de fotos de dudoso interés que podrían acabar en manos de la empresa que está seleccionando nuestro currículum o cualquier otra empresa que quiera vendernos cualesquiera productos y toda nuestra intimidad, sin saberlo, estará a disposición del universo mundo.

Lo peor es que el supuesto anterior se producirá en el mejor de los casos, si nuestro vástago es modélico. En caso contrario, probablemente compre por internet facilitando nuestros datos bancarios, sea objeto activo o pasivo de ciberbullying (el acoso informático a/o de los iguales), o venda directamente al mejor postor los datos personales familiares por acceder al último juego de la última consola del mercado, o al último gadget de moda.

En este contexto, el de la Sociedad Digital, la Sociedad TIC, que es a su vez sociedad del riesgo y de cuya gestión adecuada del mismo depende que las tecnologías se usen para sus fines más loables y no para los más perniciosos, es en el que se sitúa la investigación que planteamos.

Muchos derechos están en riesgo, y más cuando estamos hablando de un colectivo “especialmente vulnerable” y necesitado de una especial atención como es el de los menores de edad. No puede olvidarse que en el mundo tecnológico, el desarrollo de nuevas formas de comunicación y tecnologías va por delante de las normas y de las políticas públicas, que deben adaptarse con la máxima prontitud y celeridad para responder a las necesidades, expectativas y protección que los ciudadanos esperan y confían al Estado.

El derecho fundamental a la protección de datos es un derecho muy joven. Este nuevo derecho, de los denominados “de última generación”, sólo recientemente ha recibido el estatus de derecho fundamental, como es sabido, y salvo en algún caso, como el de Portugal, se ha introducido en los ordenamientos jurídicos bien por el legislador ordinario o comunitario, como el caso de la Carta de Derechos Fundamentales, bien por la jurisprudencia: en España por la STC 292/2000, de 30 de noviembre, y en Europa con las Sentencias del TEDH Amann contra Suiza de 16 de febrero de 2000 o Rotaru contra Rumanía, de 4 de mayo de 2000, todas coetánea. Pese a ello, y fruto de los tiempos, está sometido, junto con otros derechos como la intimidad, propia imagen, etc. a una fuerte presión en la sociedad actual, que requiere una toma de conciencia por parte tanto de los poderes públicos, de los operadores privados, de los propios menores y de sus familias, que hacen necesarias investigaciones como la que proponemos, más si están realizadas por investigadores e investigadoras cuya juventud les hace estar en contacto directo y diario con estas realidades.