Protección de los derechos en riesgo de los menores de edad
en la Sociedad de la Información y la Comunicación

Presentación

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía – P11-SEJ 8163

Este proyecto pretende plantear las dificultades que se plantean actualmente a las Administraciones públicas para defender derechos tan fundamentales como la intimidad, la propia imagen o la protección de los datos personales de sus ciudadanos en el entorno de la sociedad digital y las tecnologías de la información y la comunicación.

Esta labor resulta especialmente complicada cuando los ciudadanos son menores de edad y no sólo no colaboran en dicha protección, sino que, muy por el contrario, intentan sortear las garantías establecidas legalmente para la protección de estos derechos, exponiéndolos a vulneraciones (creando, p.ej., perfiles en redes sociales antes de la edad permitida por las mismas proporcionando datos falsos).

En el ámbito concreto de la protección de datos, las dificultades se agravan por el gran valor económico que para el mercado, y las empresas que en su seno compiten, tienen dichos datos personales. Se trata de una batalla de David contra Goliat en la que los poderes públicos no pueden renunciar a coger la honda. No obstante, necesitan para poder ser efectivos, utilizar de manera eficaz los instrumentos con los que cuentan, ya sean estos de carácter público: agencias especializadas como la Agencia Española de Protección de Datos, los Defensores del Pueblo y del Menor, o de carácter privado (del tercer sector: asociaciones, fundaciones instituciones y organismos de defensa de derechos de los menores, etc.) o las propias empresas privadas (p.ej. empresas como Facebook, Twitter o Google que por responsabilidad social corporativa han establecido acuerdos de colaboración con los organismos públicos).

El proyecto se plantea metodológicamente desde un marcado carácter interdisciplinar, abordando, sin salirse del ámbito de las ciencias jurídico-sociales, el campo de la comunicación social y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), estudiado expresamente por el investigador principal del proyecto y con la participación de otros investigadores de dilatada experiencia pese a ser menores de 35 años en todos los casos. En tal sentido, se conjugan en el proyecto una representación paritaria de investigadoras e investigadores (10 y 10), con una representación de disciplinas adecuada a la heterogeneidad que requiere el proyecto. Así, los investigadores e investigadoras que forman parte del proyecto forman parte de tres países distintos, corresponden a cuatro universidades distintas (una de ellas extranjera) y a doce áreas de conocimiento distintas, incluyendo: Derecho administrativo, Ciencias de la Comunicación, Derecho Constitucional Derecho Civil, Derecho Internacional Privado, Historia del Derecho, Sociología, Antropología Social, Ciencia Política y de la Administración, Administración y Dirección de Empresas o Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Igualmente, aún tratándose de menores de 35 años en todos los casos, los investigadores ocupan desde puestos de profesor titular de Universidad con currículums muy consolidados, hasta investigadores predoctorales recientemente incorporados a las tareas de investigación en la Universidad, lo que resulta necesario tratándose la temática del proyecto de temas tan actuales en los que la cercanía y cotidianeidad en el uso de las TIC resulta fundamental.

Desde todas estas disciplinas, podremos analizar durante el proyecto en profundidad qué oportunidades ofrecen la Sociedad Digital y las TIC para potenciar determinados derechos de los menores de edad: participación democrática, derechos de reunión y asociación, libertad de expresión e información, acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la cultura y al ocio, libre desarrollo de la personalidad, simplificación y agilización de las relaciones con las Administraciones Públicas, etc.

Igualmente, estudiaremos ampliamente y de forma transversal los derechos que se ven comprometidos por esa misma Sociedad Digital y TICs, particularmente los datos personales pero también los derechos a la intimidad, propia imagen, la protección frente a contenidos audiovisuales inadecuados para su edad, etc., sin olvidar los delitos e infracciones administrativas que se generan en estos contextos: acoso escolar a través de medios digitales (el denominado “ciberbullyng”), extorsión, revelación de secretos, amenazas, injurias, calumnias, difamación, acoso sexual, prostitución de menores, fraudes, estafas y atentados contra el patrimonio del menor y/o de su familia y un largo elenco de conductas. Tales conductas deben prevenirse, impedirse y sancionarse desde los poderes públicos, utilizando todos los medios jurídicos y extrajurídicos disponibles (educación, sensibilización, información… tanto de los propios menores como de sus responsables legales), así como la imprescindible colaboración con las empresas y organismos implicados, ya sean de carácter público o privado.

El derecho fundamental a la protección de datos es uno de los que están más asediados y sometidos a continuas vulneraciones, ante el empuje del mercado y la importancia que en términos económicos tienen estos datos para las empresas en su búsqueda del máximo beneficio. En el caso de los menores, la amenaza crece de forma inversamente proporcional a la disminución de la percepción del riesgo de no utilizar el derecho a la “autodeterminación informativa” de forma adecuada y responsable.

Las Administraciones en este ámbito juegan con desventaja y en posición de inferioridad respeto a los grandes operadores, y cuentan con menos recursos. Pese a ello, si somos justos, hay que reconocer que no han permanecido impasibles, tienen conciencia de la magnitud del problema y sus logros no deben minusvalorarse. La respuesta penal no resulta adecuada puesto que no evita las vulneraciones del derecho, y lo mismo cabe decir de la respuesta sancionadora de las AAPP. Hasta el momento ambas se muestran insuficientes, por lo que la colaboración público-privada, la regulación desde instancias internacionales (o al menos de la UE) o la autorregulación son los únicos medios que pueden vincular de forma efectiva a las empresas y conseguir una protección efectiva del Derecho. La labor educativa de las AAPP respecto de los menores y sus familias, así como la facilitación de mecanismos ágiles de respuesta ante las vulneraciones resultan también imprescindibles.

En tal sentido, los investigadores en el proyecto están en disposición de realizar las siguientes tareas, dotando a la investigación de una perspectiva integral:
– La normativa existente en España y en sus Comunidades Autónomas, centrándonos primeramente en la andaluza, pero en perspectiva comparada con otras Comunidades Autónomas, sobre protección del menor en los diferentes ámbitos y en concreto en los aspectos de su vida que desarrolla por medio o a través de las TIC.

– Los mecanismos de protección existentes de los derechos del menor desde un punto de histórico, constitucional y desde la actividad de las Administraciones públicas o en el ámbito de las relaciones familiares (incluyendo los casos en que estas incorporan un elemento de transnacionalidad). Ello sin olvidar los mecanismos de autorregulación de las propias empresas que gestionan las relaciones sociales: códigos de conducta, acuerdos público-privados y otras garantías. Todo en orden a conocer en profundidad los mecanismos para proteger los derechos de los menores y sus datos personales en el marco de las redes sociales en las que tales menores desarrollan diariamente una parte importante de sus actividades y relaciones y poder contribuir a su mejora, desarrollo, perfeccionamiento y eficiencia.

– En este sentido la investigación tendrá carácter transversal e integral, analizando el uso que se hace de las TIC por los menores, la conducta de las empresas y poderes públicos que gestionan los datos de los menores y su grado de cumplimento de las diferentes normas y códigos éticos, los factores sociales que influyen en una mejor protección de los derechos y las políticas públicas existentes en este sentido así como el estudio de la viabilidad y eficacia de las mismas.

– En el ámbito de los datos personales es necesario estudiar con profundidad la solución que se ha dado jurídicamente a problemas de gran trascendencia como la forma de prestación del consentimiento dependiendo de la adquisición de capacidades jurídicas gradual de los menores, para ello, además de la normativa sobre menores (Ley Orgánica 1/1996, de protección de los derechos del menor y normas autonómicas en el mismo sentido), debe realizarse un análisis serio y riguroso de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que mediante su desarrollo por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha regulado finalmente la cuestión de la prestación por parte de los menores del consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Esta ley ha sido estudiada ampliamente, pero no así lo relativo a la protección de datos de los menores en el seno de la misma.

Son muchas las propuestas, tanto legislativas como de todo orden que esperamos deriven del proyecto, en cuanto a la eficacia de los mecanismos de prevención y control, de las garantías constitucionales, normativas y jurisprudenciales, la mejora de los mecanismos para comprobar el cumplimiento de los límites de edad establecidos para consentir el tratamiento de los datos personales y la normalización de la figura del defensor judicial para apoyar a los menores en la autodefensa de sus derechos, o una posible la consideración de los datos personales relativos a menores como datos de los considerados “sensibles”, en la legislación, con el plus de protección que ello proporciona.